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Tíbet: ¿injusticia o manipulación?

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La decisión de la Audiencia Nacional de dictar una orden de busca y captura contra el expresidente de China Jiang Zeming y otros tres miembros de la nomenclatura china, entre ellos el exprimer ministro Li Peng, ha generado un gran revuelo dentro y fuera de nuestras fronteras, hasta el punto de provocar la crisis más importante entre España y el Gigante Asiático recordada hasta la fecha. La polémica llega además justo en un momento en el que el Ejecutivo había puesto toda la carne en el asador para conseguir importantes inversiones empresariales de China en nuestro país. El asombro ante tal inédita decisión cogió por sorpresa al ministro de Exteriores, que tuvo que convocar una reunión de urgencia al regreso de su viaje de Estados Unidos. La urgencia y la magnitud del momento nos llevan a cuestionar la vigencia y operatividad del  principio de justicia universal, así como su utilidad para denunciar crímenes de lesa humanidad.

Cuando se habla de dicho principio todos recordamos la imputación (y posterior proceso) contra el dictador Pinochet, tramitado desde España por el juez Baltasar Garzón, así como las imputaciones vertidas desde el otro lado del charco contra militares de la dictadura argentina de Videla. Una situación en ambos casos meridianamente distinta a la que nos ocupa, al tratarse de crímenes producidos durante un régimen predemocrático ya extinto. El principio de justicia universal nunca ha sido del agrado de los gobiernos españoles, que han intentado poner cortapisas para evitar su ejecución. La última reforma pactada en 2009 por PP y PSOE limitaba dicho principio a casos en los que afectaran a ciudadanos con nacionalidad española, y el actual Ejecutivo se había propuesto ser todavía más restrictivo para evitar ‘abusos’. Sea como fuere, y pese a la evidente independencia teórica del poder judicial (algo que en España está hoy más que en entredicho), es ilógico e incongruente utilizar dicho mecanismo para denunciar a un exmandatario de crímenes contra la humanidad poniendo en jaque los intereses de un país, máxime cuando ya existen tribunales internacionales creados ex profeso, como la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

El conflicto del Tíbet ha sido explícitamente denunciado por Occidente como condición sinequanon en cualquier negociación con China, en ocasiones ejerciendo amenazas encabezadas por Estados Unidos que rara vez han sido cumplidas. Además, el tema ha sido manipulado en numerosas ocasiones, desvirtuando el origen del problema y reduciéndolo únicamente a la diáspora tíbetana encabezada por el Dalai Lama. Tal y como expresaba recientemente Georgina Higueras (El País, 22-11-2013), “para China, Tíbet forma parte de su territorio nacional desde que la dinastía mongol (Yuan, 1279-1368) amplió los confines del imperio hasta la cordillera del Himalaya” El conflicto se agravó después de 1914, año del inicio de la I Guerra Mundial, cuando el Reino Unido negoció con Rusia el reparto de la región. Londres apoyó la independencia de Tíbet declarada un año antes a cambio de la firma del control británico de parte de su territorio al sur de la denominada línea McMahon, un acuerdo que Pekín nunca aceptó, alegando que Tíbet no tenía poder para decidir sobre las fronteras de China. Después de la entrada del Ejército de Liberación Popular en Tíbet en 1950, Pekín acordó una resolución que daba autonomía a la región, pero Estados Unidos trató de debilitar la soberanía china enviando agentes especiales de la CIA, una situación que se extenuó hasta la revuelta que provocó la huida del Dalai Lama a la India en 1959. Desde entonces, Estados Unidos ha utilizado reiteradamente Tíbet como moneda de cambio ante cualquier decisión comercial, máxime desde el ingreso de Gigante Asiático en la OMC.

Sin embargo, ya nadie se acuerda de Tíbet cuando Estados Unidos renegocia su deuda externa, o cuando Nicaragua cede parte de su soberanía nacional para construir un canal, o cuando Alemania pacta ingentes acuerdos comerciales de venta de tecnología al Gigante Asiático. Entonces ¿Por qué España? Quizá la acumulación de poder del nuevo Kan chino Xi Jinping podría dar alguna una pista. La velocidad con la que el nuevo líder chino está asumiendo nuevas competencias y poderes precisa ejecutar una tabla rasa que rompa con todas las dinámicas del pasado, y uno de los principales obstáculos de Xi sigue siendo la ‘vieja guardia’ del PCCh, encarnada especialmente en su predecesor Wen Jiabao, aunque también su propio mentor, Jiang Zemin, piedra angular de una corriente opaca y conspiranoide llamada “Club de Shanghai”, del que el propio Xi fue uno de los miembros destacados…¿y España? Aliado de China aunque sin peso internacional ni poder comercial, España es también uno de los países con mayor índice de corrupción de la Unión Europea, según Transparencia Internacional. ¿Sería descabellado pensar que alguna empresa internacional interesada en invertir en China aceptara “presionar” al poder judicial para forzar la imputación de Jiang Zemin a cambio de una parte del pastel y la eliminación de la competencia? … quizás sí.

Foto:www.amazingtibettravel.com –

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